«Daño Emergente» y «Lucro Cesante»

Hoy día se trata en muchos medios y redes conceptos jurídicos que tienen que ver con la crisis económica de la COVID-19.

Estos conceptos son el daño emergente y el lucro cesante, en relación con las medidas impuestas por las administraciones públicas sobre la protección de la salud y la responsabilidad de dichas administraciones o de terceros en indemnizar a los afectados por dichas restricciones, que han visto como sus negocios caían drásticamente, o incluso cerraron por no poder aguantar el momento económico actual

Con este artículo espero despejar algunas dudas sobre estos conceptos.

El fundamento normativo del daño emergente y el lucro cesante se encuentra en el art. 1.106 del Código Civil y dice lo siguiente:

La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.

Por daño emergente entendemos el daño directo a bienes que por acción u omisión de un tercero, sufran daños o pérdida. Es por tanto un hecho objetivo.

Por otro lado el lucro cesante es una expectativa no cumplida, sobre ingresos basada en hipótesis.

Poniendo en un contexto real, un cierre de un negocio que conlleve la pérdida de bienes consumibles (por ejemplo que caduquen bebidas, se echen a perder verduras, carnes y pescados) supone un coste objetivo en el valor de adquisición de dichos bienes. Eso es daño emergente. El lucro cesante sería el margen de beneficio que no se ha conseguido con sus ventas.

Pero cuando no hay daño directo, el lucro cesante es más complicado de probar, dependerá del ritmo de ventas e ingresos en relación con las compras, deducidos gastos fijos que no se hayan producido, lo que nos indicará el lucro cesante. Esto supone en la práctica una prueba mucho más complicada, pero no inalcanzable.

Estos hechos pueden ser indemnizados o bien por tener un seguro que nos cubra estas contingencias sobrevenidas, tal y como ha referido la Sentencia 59/2021 de 3 de febrero, o bien por que los Juzgados y Tribunales revoquen las medidas impuestas por la administración.

En el primer caso debo realizar la advertencia de que el plazo para su reclamación al seguro, si tenemos dicha cobertura, es de un año desde que se pudo ejercitar la reclamación.

En el segundo caso, debe existir una resolución judicial que anule definitivamente las medidas sanitarias y por vía del art. 34 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, acorde a los artículos concordantes (32, 33 y 35) podamos reclamar a la administración. No vale con unas medidas cautelares dictadas por un Juzgado suspendiendo las medidas sanitarias. Debe terminar el procedimiento con sentencia firme.

Por tanto, en caso de que tengamos un negocio afectado por los cierres, limitaciones y demás contingencias que nos asolan en esta crisis sanitaria con pérdida de ingresos, procede lo primero revisar nuestras pólizas de seguro de negocio, y si lo tenemos cubierto, reclamar a nuestra aseguradora. En caso de no estar cubierto, solo podremos reclamar a la Administración Autonómica si se revocan sus medidas, ya sea por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma afectada, o por el Tribunal Supremo.

Si continúan teniendo dudas, desde  Lafuente Asociados les recordamos que sin ningún compromiso y bajo la premisa de la primera consulta gratuita, pueden pasar a vernos o ponerse en contacto con nuestro Departamento Derecho Bancario vía e-mail o telefónicamente.

Eliseo Lafuente Martínez.

Colegiado 536 ICASO

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